Lo ocurrido aquel 3 de marzo de 1976 en Vitoria pasará a la historia como uno de los mayores actos represivos acaecidos durante la Transición Española. Dentro del marco de reivindicaciones laborales y políticas que sacudían la España del momento, en Vitoria, miles de trabajadores iniciaban en enero de 1976 una huelga en contra del decreto de topes salariales y por mejores condiciones de trabajo.
El 3 de marzo, con un masivo seguimiento, tenía lugar en la ciudad la tercera huelga general consecutiva. La respuesta policial fue intervenir la asamblea de trabajadores que se celebraba en la Iglesia San Francisco de Vitoria. Tras llamar al desalojo y sin dar tiempo al mismo, se lanzaron contra los trabajadores gases lacrimógenos dentro de la iglesia. Esta acción produjo la estampida de los manifestantes que fue respondida con cargas policiales, disparos de pistola y ráfagas de metralleta.
La policía “premeditadamente” dejó que se llenara la iglesia con alrededor de cinco mil personas, permaneciendo en el exterior un número similar, y fue en ese momento cuando mandó desalojar la misma. La multitud allí congregada ante el temor de ser aporreada y agredida en su salida, se negó al abandono del recinto religioso. Hay que recalcar que los templos estaban protegidos por el Concordato, por lo cual no podían actuar ni acceder a su interior las Fuerzas Armadas, salvo urgente necesidad.
Para proceder al desalojo, la policía atacó y asaltó la iglesia con gases lacrimógenos y material antidisturbios, por lo que presos del pánico y la asfixia, los allí congregados comenzaron a salir huyendo, momento en el que los policías procedieron a golpear y disparar indiscriminadamente tanto sobre los que intentaban escapar, como sobre los que desde el exterior atraían su atención para dejar vía libre a los que abandonaban aquel infierno.
Aquel día 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la represión policial ocasionó la muerte de 5 manifestantes y más de 150 sufrieron heridas de bala. Los autores y responsables de aquella matanza nunca fueron condenados ni las víctimas suficientemente reconocidas. La matanza no fue el principio del fin de la represión sino momento álgido de una realidad en la que trabajadores siguieron muriendo en las calles, que el entonces Ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, consideraba suyas.
En un primer momento, a resultas de los partes hospitalarios enviados al juzgado por ser las personas atendidas, tanto fallecidos como heridos, a consecuencia de disparos y agresiones, se abrieron diligencias previas. Los sumarios abiertos, después de varios recorridos por diversos juzgados y tribunales, acabaron finalmente en la jurisdicción militar, la cual, aun reconociendo que los hechos considerados, eran en principio constitutivos de delitos por homicidio, dictó auto de sobreseimiento por no haber motivos suficientes para acusar de ellos a personas determinadas. Posteriores reclamaciones al Estado por responsabilidad civil, efectuadas por algunos afectados, tampoco fueron atendidas.
Manuel Fraga Iribarne era el ministro responsable de la fuerzas del orden durante los sucesos de Vitoria de 1976. Fraga se encontraba en Alemania participando en una campaña diplomática (para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía), cuando tuvo lugar la masacre y le sustituía en sus funciones el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez González. Fraga junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión.
Rodolfo Martín Villa fue uno de los principales actores del franquismo durante los años 60 y 70. Fue jefe nacional del SEU, secretario del Sindicato Vertical, Gobernador Civil de Barcelona y finalmente ministro de Relaciones Sindicales y de Interior con los gobiernos de Arias Navarro y Suárez. Martín Villa está relacionado con distintos actos de represión (Vitoria, Madrid, Málaga, Barcelona o Pamplona, entre otras ciudades) y ha sido imputado en aplicación del principio de Justicia Universal ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Corrección Federal número 1 de la República Argentina como autor de crímenes contra la humanidad.
Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocan huelgas en toda España. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial. Los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.
Fuente: Daniel Fernández Abella
OIRaDILOS 