Movilización necesaria contra la corrupta clase política

Un día más hemos querido hacer un llamamiento a la gente que lo está pasando mal con problemas de viviendas, problemas de empleo, problemas de ayudas sociales, problemas en la sanidad, en las pensiones. La crisis es una forma que tienen los capitalistas para obtener beneficios, lo que se traduce en una ofensiva contra las condiciones de vida del proletariado.

Este ataque de la burguesía se da en un contexto en el que la organización de la clase obrera es inexistente. Para hacer frente a los problemas hay que organizarse, tienen que participar porque nadie se los va a solucionar. La organización y la movilización es el único método, el único mecanismo para hacer frente a lo que tenemos ya y que con más fuerza se nos viene encima.

Es hora de que la gente, los trabajadores y trabajadoras, se desengañen de la clase política monárquica corrupta que nos gobierna, que se comportan para satisfacer su interés particular y se manifiestan como efectivos y fieles empleados, complaciendo a los dueños de los poderes económicos, judiciales y militares. La clase política de la región extremeña en particular y en general, la de todo el país, viven en la práctica del teatrillo de la política, juegan en el circo de la democracia, están familiarizadas con la buena vida que le proporcionan sus sueldos, muy alejadas y ajenas del sufrimiento de la gente.

La televisión y los medios de comunicación se encargan de transmitirnos sus mensajes, sus discursos mentirosos y altisonantes, sus proclamas para tenernos entretenidos y bien amodorrados en nuestras casas; se encuentran como peces en agua en la asamblea regional, en los ayuntamientos, en los congresos, en las convenciones, en las televisiones. Ante todo, tienen el interés muy particular de quedar bien ante las audiencias públicas y especialmente, ante sus jefes. Para nada importa que sus disertaciones no digan absolutamente nada, estén totalmente vacías de contenidos, sin referirse ni intentar encontrar la más mínima solución a las cuestiones que afectan al pueblo.

Queremos que la gente sencilla deje de considerar como semidioses y abandone la visión que tienen de algunos políticos que sirven a la burguesía. Estos políticos a sueldos están acostumbrados a manejar la realidad y la ficción con las características propias de un tahúr. Estos políticos avezados y listos del lugar son ejemplares servidores de la burguesía más cruel y explotadora, intervienen e influyen con tal fuerza en las instituciones públicas que aparentemente favorecen a sus pueblos y se ganan la confianza de sus vecinos; poco les preocupa el significado de la insolidaridad, la falta de interés y el abandono de otras localidades; a estos mercaderes de la política eso les da igual, sólo quieren el reconocimiento que proporcionan los votos para seguir años y años en la misma rutina que les confiere el poder.

La mayoría de esta clase política, portavoces, diputados, concejales, etc. vive preocupada por su cuenta bancaria, defiende su cargo a capa y espada, y donde sea necesario, en la asamblea regional, en los ayuntamientos, en las diputaciones, etc. Con esa singular generosidad por bandera se sacrifican haciendo toda la propaganda que haya hacer y todo lo que sea necesario prometer, aún a costa de mentir; pero no nos olvidemos, a la vez que defienden lo suyo, sus intereses, consciente o inconscientemente están defendiendo los intereses de los dueños de los medios de producción, de los propietarios de empresas, de las industrias, de las tierras, de las grandes superficies, de quienes se están enriqueciendo a toda velocidad a costa del sudor de la clase obrera.

Mientras unos pocos se adueñan de las riquezas y del trabajo producido por la clase obrera, una inmensa mayoría de la sociedad sufre un empobrecimiento continuo. Por eso, hay que salir a la calle, tenemos que detener y hacer frente a esta poderosa tormenta que tiene por base la explotación del hombre por el hombre, y que ahora está embravecida por la inflación, los salarios precarios, las faltas de viviendas y en general con tanta pobreza, que arrastra a buena parte de la humanidad trabajadora al precipicio y la hunde en el barranco de la desesperación para vivir. El mejor antídoto contra todo esto es la organización y la movilización. La lucha por el socialismo; por la apropiación por el Estado de los grandes medios de producción y de los recursos naturales para ponerlos a la satisfacción de las necesidades humanas.

Fuente: Juan Viera Benítez (Kaos de la Red)

Un gobierno de ¿¿¿izquierdas??? dan alas a la derecha en Andalucía

Las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio se presentan como un gran test para confirmar las opciones de PP y VOX para asaltar la Moncloa. Todas las encuestas les dan una mayoría holgada, que deberían unirse para tener mayoría absoluta y formar gobierno. VOX ya ha anticipado que va a exigir entrar en el Gobierno, como hizo en Castilla León. Mientras, el PSOE mantiene resultados a duras penas, y se sigue hundiendo Podemos-IU. La ruptura Adelante Andalucía, de Anticapitalistas liderada por Teresa Rodríguez, tampoco logra mantener los diputados/as que tenía.

Una primera conclusión que se va concretando elección a elección: la política del Gobierno PSOE-IU/Podemos hunde especialmente a su ala izquierda, es decir, a IU/Podemos. Lógico es que quien más paga por la contradicción entre lo que prometieron y lo que hacen en el gobierno, sea quien más a la izquierda esté. Es un proceso que se va reiterando elección tras elección, con muy pocas excepciones, ahondando en la crisis de Podemos/IU.

La segunda conclusión. Que esa política del Gobierno PSOE-IU/Podemos, que protege los intereses de los grandes capitales y la Monarquía, es la mejor garantía del crecimiento y la llegada al Gobierno de la derecha y la extrema derecha. No hay más que recordar la imagen que dio el Gobierno progresista con la represión en la huelga del metal de Cádiz en diciembre. Más pronto que tarde los y las trabajadoras se cansan de seguir votando a quien gobierna con la mentira (“derogación” de la reforma laboral y de la ley mordaza…) y contra la clase obrera y las clases populares. No es casual que, en el 2018, cuando el PP accedió por primera vez a gobernar la Junta, hubo una abstención récord del 42%.

La extrema derecha es quien más crece, porque con el apoyo y financiación de sectores de la gran burguesía y del aparato del estado, aparece desacomplejada y cómo la única oposición real, en una situación de desesperación de amplios sectores sociales. No es casual que las siete localidades con mayor pobreza y las cuatro con mayor paro estén en Andalucía y en todas ellas VOX ya quedó o primera o segunda fuerzas en anteriores elecciones. Así pues, el PSOE y su socio de izquierdas no son los diques de contención de la extrema derecha sino una garantía. Sin una fuerte oposición de izquierdas a un Gobierno de falsa izquierda, el camino de esa desesperación hacia VOX está garantizado.

La refundación de IU/Podemos con el proyecto de Yolanda Díaz no escapa de la misma lógica que recorrió IU y Podemos: en lugar de ir decididamente a la izquierda para avanzar en un programa de ruptura claro con el capitalismo y la Monarquía, cada vez más se asimila al programa que el PSOE va abandonando. El último caso lo tenemos con la posición ante la OTAN, en la que Díaz ya ha anunciado que quiere cambiar la posición tradicionalmente contraria de la izquierda, aprovechando la cumbre de fines de junio. Esa voluntad de los dirigentes de la izquierda parlamentaria de querer siempre dar muestras de moderación y de tener “responsabilidad de estado”, hace que para amplios sectores, se asimile esa izquierda a ”más de lo mismo” y el politiqueo institucional que rechazan.

Se levantaron expectativas en la izquierda sobre la ruptura de Anticapitalistas, tras la entrada de Pablo Iglesias y Podemos en el Gobierno Sánchez. Anticapitalistas fue uno de los fundadores de Podemos y Andalucía siempre fue su referente político más importante, pues en esa comunidad llegó a dirigir Podemos con Teresa Rodríguez. Pero el tiempo pasa y no hay ningún indicio que Anticapitalistas, vaya a proponer algún tipo de frente de izquierdas a nivel estatal que permitiera avanzar en la confluencia de fuerzas de una izquierda con un perfil claramente anticapitalista, por la abolición de la monarquía y la defensa del derecho de autodeterminación. Por lo pronto en Andalucía, el mensaje fundamental de Adelante Andalucía, acentúa el andalucismo por oposición al centralismo, pero no hay un giro a la izquierda respecto al programa de otras elecciones en el marco de Podemos, sobre la necesaria ruptura con el capitalismo y la monarquía.

Fuente: Lucha Internacionalista

Felipe VI hace sus propias leyes

Guillermo Fernández (Investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), especialista en derechas radicales europeas y autor del libro «Qué hacer con la extrema derecha en Europa», alerta de que, frente a la guerra cultural que mantienen los radicales ultraderechistas fuera de las instituciones, tal vez la izquierda y los partidos demócratas deberían «retomar la agenda de democratización y transparencia que surgió con el 15-M y que parece que se ha diluido».

Efectivamente, como señala Fernández y es verdad que acuciado con una pandemia mundial sin precedentes y de gravísimas consecuencias en los ámbitos sanitario, social, económico y laboral, el Gobierno ha priorizado la agenda de la recuperación socioeconómica y ha aparcado sus compromisos con los derechos y las libertades maltratados por el Ejecutivo anterior del PP, como la derogación de la ley mordaza, de la reforma laboral o las leyes y/o medidas para hacer de la Jefatura de Estado una institución transparente y sometida a los mismos baremos democráticos que el resto, ya que por fuerza -y mientras el PSOE no apoye lo contrario-, debemos hacer la vista gorda ante el sistema hereditario de elección del jefe de Estado.

A este respecto y preguntado por el rey emérito, el presidente del Gobierno dijo en la entrevista que dio el 5 de septiembre a El País: «(…) reconozco los esfuerzos y los avances que se están haciendo por parte del actual jefe del Estado y la Casa Real en transparencia y en ejemplaridad». Pedro Sánchez no enumeró ni uno solo de esos «esfuerzos y avances» y, como periodista, puedo constatar que solicitar información a la Casa Real sobre el patrimonio de la real familia o de los gastos que se adjudican a distintos ministerios fuera de los presupuestos generales del Estado es lo mismo que pedírselos a mi gato, aunque éste, al menos, tiene la deferencia de mirarme a los ojos cuando le hablo e incluso, contestar con un maullido.

Este domingo, en otra entrevista de Esther Palomera en El Diario.es, Félix Bolaños, que ostenta el exótico récord del ministro al que más veces se le ha pedido la dimisión (dos) en menos tiempo (dos meses en el Ministerio de la Presidencia) desde PP y Vox, volvió con las buenas intenciones del rey Felipe VI, aunque tampoco fue capaz de enumerar una sola cuestión con la que se constaten «avances» o «esfuerzos» de la Casa Real, más allá de una web que incluye un apartado de «Transparencia» que no aporta nada nuevo o del desglose de las cuentas de los presupuestos públicos, «la paguita», como los llamó Eva Belmonte, directora de Civio y experta en destripar el Boletín Oficial del Estado (BOE), en La Marea: «Según el presupuesto oficial, la Casa Real recibe unos 8 millones de euros al año, pero eso es sólo la paguita que se les da a los reyes. Como la paga que le das a un niño el fin de semana… ¡pero el niño te cuesta muchísimo más dinero!».

Pese a todo, y la evidente incomodidad del Gobierno cuando se les pregunta qué están haciendo para legislar o tomar medidas que garanticen que una institución no se utiliza para el lucro de quien la ostenta, como ocurrió durante 40 años con Juan Carlos I, lo que más sorprende es que experimentados juristas como Bolaños, pero también el jefe del Ejecutivo, destaquen el trabajo que está haciendo el rey, el esfuerzo por ofrecer propuestas más democráticas y transparentes para la Jefatura del Estado: «La Casa Real estudiará, trabajará y pensará en medidas que puedan profundizar en su transparencia y nosotros como Gobierno lo que haremos será acompañar a la Casa Real en las decisiones que vaya adoptando en esa materia».

¿La Casa Real diseñando leyes y medidas y el Ejecutivo acompañando? ¿Desde cuándo entra en las funciones de la Casa Real establecer una política de control público en la que es el primer vigilado? ¿Qué injerencia es ésta que se presenta con total naturalidad? El rey debe asumir las leyes que se aprueben democráticamente en el Parlamento para garantizar su buen comportamiento, no en un ejercicio de fe, sino en una vigilancia democrática, que, además, debe ser extremadamente escrupulosa y llegar, si me lo permiten, hasta las cocinas de palacio. Lo que nos faltaba por oír y asumir ahora es que será el rey quien diseñe la vigilancia de su actividad desarrollada en fondos públicos, con nuestro dinero y a mayores, con los precedentes eméritos que adornan su Casa y a España entera. Estamos apañadas.

Fuente: Ana Pardo de Vera (Público)

Juan Carlos I. Su fortuna gracias al tráfico de armas

Casi todos fueron incompetentes, negligentes, incapaces, corruptos, sexualmente insaciables, retrógrados, traicioneros, cobardes y ladrones, aunque también los hubo trastornados, nudistas o cochinos. Hablo de los monarcas españoles de apellido Borbón. Un linaje que ha conseguido mantenerse en el trono de España desde hace más de tres siglos con alguna que otra interrupción, tras la cual siempre han conseguido retornar. Son, por así decirlo, una familia en constante reinvención.

Con este breve repaso biográfico familiar, que, a pesar de lo que pudiera parecer, más que acalorado debería considerarse prudente –los relatos tras los calificativos resultan bastante más ignominiosos, obscenos y extravagantes–, cualquiera tendería a pensar que resulta difícil que un monarca actual pudiera destacar. Pero ahí está Juan Carlos I, todo un campeón entre los Borbones que ha conseguido grandes logros con muy poco coste e inversión –llegó casi con lo puesto al trono–.

Que Juan Carlos es un tipo campechano, puede ser, claro que sí, aunque lo dudo mucho, pero que fuera a pasar a la historia como el Campechano, a pesar de haber sido, quizás, el sobrenombre más utilizado durante sus casi cuarenta años de reinado –uno de los monarcas españoles más longevos– hace tiempo que parecía complicado. Sus actividades delictivas le han dejado poco margen para ello: traidor y golpista durante los años ochenta –y no hablo del golpe de Estado del 23F, sino de los meses anteriores–, comisionista, defraudador y, seguramente, mucho más.

Ante tanta voracidad delictiva en quien se esperaría servicio público, durante años existió un runrún alrededor de Juan Carlos que ahora se puede concretar en un breve, pero excesivo, listado de personas muy cercanas a su persona que estuvieron involucradas, y condenadas, en casos de corrupción, entre las que destaca Manuel Prado y Colón de Carvajal. El administrador privado del rey durante más de veinte años terminó entre rejas por tres condenas tras las que no pocos intuían la sombra de Juan Carlos –dos años de condenada por el caso Wardbase en 2004, un año por apropiación indebida en 2007 y tres meses por el Grand Tibidado en 2008–. No pocos, además, consideraron siempre que las condenas podrían haber sido mayores en número y tiempo y que el indulto concedido, por razones humanitarias, resultó más que cuestionable.

El caso del administrador del conocido como Rey de la Transición, de la sólida dictadura a la gaseosa democrática, no es único, pues el yerno y la hija del propio Juan Carlos, así como una hermana, varias primas, un primo o una amante se han visto salpicados por casos de corrupción, lo que unido a su más que injustificable fortuna acumulada, más de 1.800 millones de euros según medios internacionales, siempre generaron muchas dudas al respecto. Dudas, todo hay que decirlo, porque la gran mayoría de grandes medios de comunicación en España hicieron más bien poco por investigar la cuestión. Y eso que, en los últimos años, la vida de Juan Carlos parecía un concierto de una banda de rock en mitad del salón de casa en el que se escuchaban temas sobre las comisiones de entre uno y dos dólares por barril de petróleo comprado en Oriente Próximo, las amenazas a Corinna por el propio jefe de los servicios de inteligencia del país y hasta una cuenta compartida de cien millones de dólares entre padre e hijo, Juan Carlos I y Felipe VI. Un concierto de rock duro que habría despertado a cualquier país, pero que en España pasó como si tal cosa.

Pero de ahí, que no es poco, y de las investigaciones en Europa al respecto de las comisiones ilegales y demás delitos económicos, a lo que se acaba de publicar en España dista un abismo: Juan Carlos amasó su gran fortuna con el tráfico de armas. Una publicación demoledora que eleva a otro nivel la categoría delictiva de Juan Carlos I. Y no para bien. Pues dista un abismo entre pasar a la historia como un delincuente múltiple, algo inevitable hace tiempo para Juan Carlos, a quedar retratado como un Señor de la Guerra. El abismo, y la gravedad en este caso, es la muerte. Porque el todavía monarca español, de aquella manera pero monarca, no solo ha cometido una incontable cantidad de delitos económicos, de los que ya pocos dudan, sino que ellos se han producido con las armas de por medio. Y es que Juan Carlos, atendiendo a lo publicado, ha sido uno de los grandes traficantes de armas de España y del mundo.

Sin embargo, quizás uno de los aspectos más sorprendentes de este escándalo es, paradójicamente, que no es un escándalo. España, experta en la negación y curtida en la desvergüenza, ha sido capaz de callar ante una noticia de una gravedad extrema, pues han sido pocos los medios de comunicación, y en su mayoría menores, los que han replicado la noticia. De esta forma, con el acostumbrado silencio mediático general, la mayoría de los españoles no se ha enterado de este último episodio real, lo que constituye el paradigma perfecto de la actual censura moderna –la información existe, pero no se difunde–. Una revelación que, por su propia naturaleza, no solo debería hacer caer de una vez por todas a Juan Carlos I –que jamás ha sido juzgado gracias a una inviolabilidad jurídica más que cuestionable y casi medieval–, sino que debería haber provocado un seísmo de tales dimensiones que la continuidad de los Borbones se hubiera visto más que afectada. Llamadme exagerado, pero creo que un jefe de Estado traficante de armas debería estar en prisión.

Lamentablemente, la noticia ni siquiera es una bomba mediática desconocida, ya que la nueva y bochornosa actividad delictiva de Juan Carlos I ya se intuía por algún que otro escándalo –todavía se busca a un gran comisionista denominado el ‘King’ en el escándalo DEFEX– e incluso por la propia actividad pública del monarca, que llegó a intermediar públicamente en 2012 para vender a Arabia Saudí alrededor de 250 carros de combate Leopard en el año 2012, aunque aquello se ofreció a los españoles como si fuera una labor benéfica que ahora no lo parece tanto. Y es que, más que mediador circunstancial al servicio de los intereses del país, parece que Juan Carlos estaba trabajando. Trabajando muy duro.

Fuente: Luis Gonzalo Segura (RT)

Ley de Memoria Democrática, la impunidad del franquismo

Hace ya ocho meses, en septiembre de 2020, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un mes después, en el Encuentro estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo (un par de cientos de grupos participaron en el mismo) se dio un repaso a su contenido. Tras realizar un pormenorizado análisis de éste, se concluyó afirmando que “el anteproyecto constituye un importante avance respecto al texto vigente de la anterior Ley de Memoria pero, en realidad, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con el denominado Modelo Español de Impunidad”.

En mi opinión, tres son los principales pilares que sustentan ese modelo, de cuya mención el anteproyecto huye como alma que lleva el diablo. Tres pilares que, de no abordarse, difícilmente podrán satisfacerse las exigencias de Verdad, Justicia y Reparación reclamadas desde hace décadas por el movimiento memorialista.

El primero de ellos tiene que ver con lo que podríamos llamar la invisibilización de la otra cara de la moneda de la memoria histórica. Es decir, si bien es plausible realizar, tal como señala el texto, un “censo de todas las víctimas de la guerra civil y la Dictadura”, la “elaboración de mapas de localización de personas desaparecidas”, la “señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados” o la “auditoria de los bienes expoliados” durante el franquismo, esto tan solo supone cubrir la mitad del trabajo a realizar. Queda pendiente la otra mitad.

Me explico. Hace falta también que junto al nombre de las víctimas aparezca también el de los victimarios de todos aquellos asesinatos, desapariciones, vejaciones, torturas…. Es preciso que, paralelamente a la realización de los mapas de lugares donde se utilizó el trabajo esclavo de los prisioneros de guerra, aparezcan también los nombres de las empresas que se beneficiaron de ello y el de sus propietarios. Es necesario asimismo que, además de hacer una auditoría de los bienes expoliados por el franquismo, se detalle la identidad de quienes se apropiaron de ellos. Al igual que es obligado hacer público los nombres de quienes, voluntaria y profesionalmente, formaron parte de la Brigada Político-Social franquista y similares servicios beneméritos y militares, encargados de la persecución y represión de la oposición durante cuarenta años.

El segundo tiene que ver con el acceso a la Justicia. Tras la aprobación, en 2007, de la anterior Ley de Memoria Histórica, se han interpuesto cerca de cien querellas (torturas, desapariciones, bebés robados, asesinatos…) por los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, sin que ninguna de ellas haya siquiera conseguido atravesar los umbrales de los juzgados y del propio Tribunal Constitucional, que siempre han rechazado su admisión a trámite y acordado su archivo.

Haciendo virtuosos encajes de bolillos, sus doctas, togadas y empuñetadas señorías han entendido que la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción contenida en el Código Penal y la no aplicación de la normativa internacional en materia de crímenes contra la humanidad, justificaban el rechazo de las querellas interpuestas. Hacen así oídos sordos a los reiterados informes contrarios a esta opinión, realizados por los Relatores de Derechos Humanos de la ONU (Pablo de Greiff -2014- y Fabián Salvioli -2020-), por reconocidas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y a la unánime opinión del movimiento memorialista que ha señalado que la falta de acceso a la Justicia constituye el principal obstáculo de cara a la consecución de la Verdad, Justicia y Reparación reclamada. ¿Será, quizás, que esto es así por los vínculos políticos que importantes sectores de la actual judicatura mantienen con aquella otra justicia que fue parte activa de los crímenes contra la humanidad denunciados?

El tercer pilar de este modelo español de impunidad lo constituye la Iglesia Católica, invisibilizada por el anteproyecto de ley. Esta institución no fue un mero añadido al régimen franquista, sino parte esencial del mismo. Estado franquista, Movimiento Nacional-Falange e Iglesia Católica, como la Santísima Trinidad, fueron tres en uno. A los ejercicios espirituales organizados oficialmente desde el Movimiento Nacional correspondía la Iglesia participando activamente en actos de la Falange y el Estado, a la par que tomando parte directamente en las Cortes Franquistas, desfiles militares y todo tipo de actos políticos del régimen. Nacional-catolicismo llamaron a ese contubernio.

La Iglesia bendijo el golpe militar y la guerra, calificándola como “Cruzada”. Participó luego en la represión posterior, realizando “informes de antecedentes” que fueron determinantes en muchos casos a la hora de aprobar penas de muerte, cadenas perpetuas o largas condenas. También cortes de pelo, ingestas de ricino y demás humillaciones misóginas. Los “curas-párroco” emitieron informes preceptivos en los expedientes derivados de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, de la que se derivó el expolio generalizado de los bienes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones culturales y sociales y de cientos de miles de personas vinculadas a ellos. Ni qué decir tiene que, en pago a lo anterior, la Iglesia obtuvo generosas subvenciones económicas y donaciones, con los que agrandó escandalosamente sus propiedades y extendió su poder en los ámbitos educativos y sociales. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el anteproyecto de ley silencia el papel jugado por ella en el franquismo.

Todo lo anterior tiene mucho que ver con el modelo español de democracia. La exigencia de la ruptura democrática abandonada durante la Transición son los polvos de donde nacen muchos de estos lodos. Y así es que hoy, mientras la memoria antidemocrática conquista cada vez más distintos espacios mediáticos, sociales e institucionales, la memoria democrática sigue siendo timorata y templa-gaitas. Así nos va.

Fuente: Sabino Cuadra Lasarte (Viento Sur)

Borbones, ilegítimos y criminales

Sobre la criminalidad del anterior jefe de Estado no puede caber ya la menor duda. No hay ninguna sorpresa en ello. Era algo tan bien conocido como ocultado por el aparato mediático del régimen durante décadas.

El goteo de chanchullos que venimos conociendo es constante… y lo que nos queda por ver. Tampoco puede caber ya la menor duda sobre la amplitud de esa criminalidad; es decir, que ésta no se remite únicamente al ámbito fiscal o financiero, sino que tiene un carácter general y se extiende a todas y cada una de las facetas de la vida personal y política del Borbón.

No obstante, incidir únicamente en estos aspectos del reinado de Juan Carlos puede ser en cierta manera una trampa que el republicanismo se puede poner a sí mismo. El propio Estado está intentando jugar la baza de contraponer la podredumbre del padre a la “transparencia” del hijo. El PSOE, que es, como viene demostrando, el partido monárquico por antonomasia, está poniendo un particular empeño en llevar a cabo esta operación de blanqueamiento.

Esta operación debemos confrontarla desde la realidad evidente de que Felipe se ha visto impedido de seguir la senda cleptomaníaca de su padre porque se ha abierto la fosa séptica de La Zarzuela y no para de salir porquería; además, el actual jefe del Estado no necesita meter la mano en la caja o ejercer de comisionista porque Juan Carlos ya se encargó de arramplar con todo lo que ha podido y más para que toda la familia borbónica pueda vivir sin apreturas de ningún tipo durante varias generaciones (1.700 millones de euros le imputó en su momento la revista Forbes como fortuna personal). La criminalidad de los Borbones es, en cualquier caso, una cuestión de familia. Está el ladrón y están los beneficiarios del latrocinio, que, por muchos papelotes que firmen de cara a la galería, no van a renunciar a tan suculenta herencia.

Pero no es éste tampoco el elemento fundamental que debería guiar la acción del republicanismo contra la monarquía. Ésta debe ser abolida no porque sean unos ladrones, que lo son, sino porque son un pilar fundamental (junto con los militares que quieren fusilar a “26 millones de hijos de puta”, cuerpos represivos, clase política, etc.) de la continuidad del fascismo en España. Hay que partir fundamentalmente de este elemento. Y repárese, por cierto, en el matiz de que la monarquía debe ser abolida y no sometida a referéndum, como plantean algunos, de la misma manera que no someteríamos a referéndum la legalización de la esclavitud, el derecho de pernada o la servidumbre tal como se conoció hace siglos.

Cualquier monarquía es ilegítima en pleno siglo XXI, en tanto que herencia feudal. Pero la monarquía española lo es en mayor medida por toda una serie de circunstancias histórico-políticas. La restauración borbónica tiene su origen en el golpe del 36 contra el gobierno del Frente Popular y la II República, en la masacre desatada por los fascistas durante y tras la guerra y en el nombramiento por parte de Franco de Juan Carlos como su heredero en la jefatura del Estado.

Sin embargo, resulta complicado sostener esa ilegitimidad si se insiste en esa entelequia llamada “régimen del 78”. Existe un cierto consenso entre los sectores consecuentemente progresistas y democráticos respecto a que en la “transición” no hubo ruptura, sino continuidad; y si hubo continuidad no pudo producirse ningún cambio de régimen. El ‘momento fundacional’ del régimen no se haya en la farsa transicional, sino en el 39, en la derrota de la II República y de las fuerzas populares. Nos encontramos, por tanto, bajo el régimen del 39. No en vano, en la “transición”, se fue “de la ley a la ley”, sin abandonar en ningún momento los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, jurados solemnemente por la actual monarquía el 22 de noviembre de 1975.

El franquismo fue una etapa o fase de ese régimen y la “democracia” actual (el monarco-fascismo) es otra, con sus características particulares, con sus adaptaciones a nuevas realidades y contextos históricos, pero con la misma naturaleza fascista más o menos camuflada, aunque cada vez más visible, como hemos podido comprobar con la forma en que el Estado viene enfrentando el problema nacional con Catalunya o, más recientemente, con el caso Hasél y lo que hemos podido ver en las diferentes movilizaciones en el ámbito represivo (aunque los mass media lo presenten todo al revés), sin olvidarnos tampoco de gravísimos hechos, nada anecdóticos, como los ocurridos en Linares, donde un hombre que fue objeto de una brutal agresión (a todas luces, un intento de homicidio) por parte de policías fuera de servicio, ha acabado imputado por agresión o atentado contra la autoridad (estos asesinos, al parecer, son también “autoridad”, lo que es para echarse a temblar).

Hablar de “régimen del 78” es desvincular la realidad política e institucional actual, y a la propia monarquía, del franquismo. Le hacemos el caldo gordo al régimen. Se entiende que esto lo hagan los reformistas o aquellos que se dedican a traficar con las ideas y el discurso para alcanzar la correspondiente poltrona: necesitan justificar su integración en el régimen defendiendo que no nos encontramos ante un Estado fascista, sino ante una “democracia imperfecta”. Pero el movimiento obrero y popular, el que debemos construir y organizar, alejado de la venalidad y el cretinismo parlamentario e institucional, no puede incurrir en tales inconsecuencias si no quiere “segar la hierba bajo sus pies”.

En la crisis monárquica sólo hay dos salidas: la institucional y la popular. La primera consiste en conservar la monarquía bajo Felipe o en “otorgar”, a lo sumo, una república que no altere los pilares fundamentales del actual régimen (éstas son las posiciones en las que se mueven PSOE y Podemos). La segunda pasa por construir una realidad verdaderamente democrática y social, y debe tener un contenido profundamente antifascista y anticapitalista, implicando cambios no sólo superestructurales o meramente político-jurídicos, sino también en la base económica, con una perspectiva socialista. Tal proyecto se resume en el concepto de República Popular. Cualquier otra posición es semilla de derrota o terminará siendo subsumida o cooptada por el régimen.

Javier García (La Haine)

Desde Fernando VII a Juan Carlos I, ladrones y corruptos

Fernando VII purgó a los liberales durante la década ominosa, traicionando la Constitución de la Pepa y reinstaurando el absolutismo monárquico; Isabel II se echó en brazos de los autoritarios hasta que estalló la revolución al grito de “abajo los Borbones, viva España con honra”; Alfonso XIII compadreó con el militarismo africanista de Primo de Rivera, reduciendo la democracia a la nada en un primer episodio cuasifascista; y ahora, tras cuarenta años de engaños y mentiras, sabemos que Juan Carlos I también le ha salido rana al pueblo.

De una forma o de otra, bien por circunstancias históricas, bien por la fuerza de los genes malditos que empuja a una dinastía suicida a su propia destrucción y a la ruina del país, la historia demuestra que cada nuevo experimento de restauración borbónica ha sido más decepcionante que el anterior y ha terminado ahondando un poco más en el fracaso secular de España como sociedad y como nación.

“No podemos seguir así” –dice el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo–, “el sexo y el dinero es lo único que le interesa al rey, lo típico de los borbones”. Y no le falta razón al veterano profesor. Tras el escándalo de las cuentas del rey emérito, las derechas y también el PSOE (los dos pilares fundamentales del sistema sagastacanovino que perdura en este país por los siglos de los siglos) trabajan intensamente en un nuevo discurso para justificar el fracaso histórico y sin paliativos de la monarquía borbónica española. Ya se está construyendo y propagando el relato debidamente tuneado y adornado de que Juan Carlos es historia, agua pasada, una página negra e infausta que no debe empañar el futuro de la institución encarnada en la figura de Felipe VI. El objetivo: seguir tirando unos años más con la monarquía.

El cuento de hadas sobre reyes, princesas, palacios y unicornios, ese en el que caemos una y otra vez los españoles como una maldición bíblica, empieza a funcionar de nuevo. La fábula consta de un prólogo en el que se nos dice que el viejo rey puede haber tenido un comportamiento deplorable e impropio, pero que su hijo, el joven rey, es otra cosa muy distinta. Según el relato oficial, Felipe es un hombre preparado, educado, culto y con idiomas que jamás meterá la mano en el cazo y que, esta vez sí, guiará al país por los senderos de la democracia, la paz y la prosperidad. Todo exactamente igual que en 1975, todo tal como sucedió en la Primera Transición (hoy estamos inmersos en la segunda), cuando tras la muerte de Franco subió al trono un rubio príncipe de sonrisa cándida llegado de algún lugar de la fría Europa para reinstaurar la dinastía. Y así vamos los españoles, tropezando una y otra vez en la misma piedra de la historia, trastabillándonos de siglo en siglo y de época en época, engañándonos a nosotros mismos con un problema secular que ha caído sobre nuestras espaldas y las de nuestros hijos y nuestros nietos y que no sabemos resolver si no es con una carlistada o una guerra civil.

Cometemos los mismos errores de siempre, quizá porque quienes nos gobiernan son los de siempre o los hijos de los de siempre extendiendo su linaje de oro a través de los tiempos. Nada cambia en este país, seguimos en el mismo punto kilométrico de la historia desde aquel fatídico día de 1823 en que el pueblo exclamó “Vivan las cadenas”, otorgando patente de corso a Fernando VII para que recobrara el poder absoluto del Antiguo Régimen con el auxilio de Francia y Los Cien Mil Hijos de San Luis. En aquel episodio fuimos nosotros mismos, el pueblo, los españoles, los que borrachos de fanatismo abrazamos y besamos el manto real y nos lanzamos a la caza furtiva y sin compasión de los liberales, muchos de los cuales terminaron huyendo o en el exilio.

Hoy somos otra generación muy distinta, hemos madurado como sociedad y sin duda hemos avanzado respecto a aquellos compatriotas ágrafos y hambrientos de nuestro trágico siglo XIX, pero la tesitura sigue siendo la misma: construir un país decente o mirar para otro lado permitiendo, consintiendo, tolerando el expolio a manos llenas, el fraude, el abuso de poder y las trapacerías de un rey emérito que jamás será juzgado por sus negocios ocultos. ​

Esquerra Republicana, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, el Bloque Nacionalista Galego, Más País, Compromís y el PNV han registrado en el Congreso de los Diputados una nueva petición para que la Cámara Baja abra una comisión de investigación sobre Juan Carlos I. Produce una tristeza inmensa que entre los promotores que piden luz y taquígrafos la mayoría sean fuerzas separatistas del Estado, mientras los dos grandes restauradores del bipartidismo, PP y PSOE, obstaculizan cualquier investigación para aclarar el escándalo que deja al país a la altura democrática de un estado bananero.

La actitud de los populares, su negativa a abrir las ventanas de Zarzuela para que entre aire limpio, es perfectamente coherente: a fin de cuentas, ellos son los herederos de las élites y cómplices históricos de esta monarquía que se perpetúa bajo sospecha. Pero lo del PSOE empieza a ser ciertamente enfermizo. Si lo hace por renuncia al ideal republicano y adopción del sentimiento monárquico se entiende (lleva haciéndolo más de 40 años), pero justificar su no a la comisión de investigación por el bien y la estabilidad del país es un sarcasmo, una burla y un intento de tomar a los españoles por niños inmaduros incapaces de asumir la trágica verdad, que no es otra que su rey era en realidad el gerente de una agencia de viajes para comisionistas. Déjense ya de tonterías y de papanatismos con el monarca, señores del PSOE. Expediente fiscal en toda regla, diligencias judiciales y aclaración de los hechos. En definitiva, más democracia.

Fuente: José Antequera (Diario 16)

Los corruptos Borbones, machacar al emérito para salvar a Felipe VI

En esta España idílica en que todas las mentiras sobre la monarquía van pasando como si fueran noticias de verdad hemos sabido este viernes que un desinteresado grupo de amigos de Juan Carlos I le ha prestado 4.395.901,96 euros para realizar una declaración complementaria a Hacienda y saldar así la deuda que tenía con el Fisco por unos viajes al extranjero durante once años.

El montante asciende a unos ocho millones de euros que había pagado durante estos últimos años la Fundación Zagatka, que preside su primo Álvaro de Orleans. Era el segundo pago a las arcas públicas ya que el pasado diciembre el rey emérito ya abonó 678.393 euros por otro fraude fiscal. Por en medio hay tres causas judiciales en el Tribunal Supremo que tienen que ver con las comisiones del AVE a La Meca, unas cuentas opacas en la isla británica de Jersey y las denominadas tarjetas black, una donación de un empresario mexicano. También están abiertas otras investigaciones judiciales en Suiza que siguen el rastro de diversas irregularidades sobre una fortuna que The New York Times ha situado en 2012 en unos 2.300 millones de dólares.

No se han facilitado nombres de los amigos desinteresados que han prestado el dinero al Emérito para regularizar su deuda con Hacienda. Sí que se ha aclarado que no era una donación sino un préstamo, una manera de que los donantes no tengan que tributar. Es bastante obvio que los generosos amigos no se tienen que preocupar, ya que de una manera o de otra serán resarcidos y, cuando se habla a estos niveles, no hay una única manera. España se ha ido acostumbrando a saber que tuvo durante casi cuarenta años un rey corrupto, carente de ética y de moral.

Ya nada sorprende a los sufridos contribuyentes que hacen números, muy difíciles por cierto en estos tiempos, con Hacienda. De mucha más difícil digestión es que un representante democrático como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refiera a la regularización de un fraude como una conducta incívica cuando no es otra cosa que una conducta delictiva. Incívico es quemar contenedores o destrozar escaparates y no el hecho de regularizar, entre unas cosas y otras, cinco millones de euros. No es lo mismo. Sobre todo, si además, ha tenido la suerte, por llamarlo suavemente, de que Hacienda se lo haya tomado con calma. Aunque la noticia se conoció hace un año por la prensa aún ha llegado a tiempo de poder presentar la complementaria antes de que hubiera una actuación contra él. Eso sí que es tener la suerte de cara y coger despistado al Fisco.

Este movimiento, a buen seguro, acabará blindando una investigación sobre la Fundación Zagatka que, para los no conocedores, es aquella en la que aparecía Felipe VI como cuarto beneficiario, detrás de su padre, y que está domiciliada en Liechtenstein. Cuando se supo, el actual rey tuvo que distanciarse y decir que renunciaba como beneficiario, algo que como es sabido no es más que una declaración de intenciones ya que no se puede renunciar con antelación a ser el beneficiario real. Por cierto, Sánchez, en su papel de protector del rey desnudo, junto a su impropia declaración de acto incívico, destacó un antes y un después con la llegada de Felipe VI a la jefatura del Estado y las medidas que está llevando a cabo sobre la transparencia y el buen uso público. Unas palabras que de ser ciertas deberían permitir comisiones de investigación en el Parlamento y no rechazo, como se lleva produciendo en varias ocasiones en los últimos tiempos.

Por cierto: ¿a qué venían hace solo dos días los elogios a su padre por parte del actual monarca con motivo del 23-F, del que ya sabemos ahora que hay mucho más a callar que a explicar? ¿No será que solo con carantoñas como estas se podrá evitar que el emérito cansado de su exilio de lujo en los Emiratos Árabes Unidos se persone en Madrid y acabe de desestabilizar la tambaleante monarquía?

Fuente: José Antich (El Nacional)

La corrupción está en los genes de los Borbones

Resulta lamentable contemplar a un partido que se dice o considera republicano, aliado con la derecha extrema y con la extrema derecha para defender, una y otra vez, al régimen salido de las entrañas del franquismo y, en particular, a la institución de la monarquía. Los espectáculos mediáticos que arma el PSOE cada vez que se conocen nuevos escándalos relacionados con la Casa Real española, son tan patéticos, como lamentables e inconsistentes. El conjunto de mentiras y medias verdades usadas en defensa de los reyes les podrá servir para convencer por agotamiento a masas desinformadas, pero no resisten el más mínimo análisis intelectual.

La estrategia seguida por los partidos del régimen es muy similar. Están tratando de desvincular los casos de corrupción del rey emérito con la institución de la monarquía, creando una especie de cortafuegos alrededor de Felipe VI, aunque ello suponga en la práctica sacrificar al viejo monarca para salvar al actual y a toda su línea sucesoria. Así que se ha decidido que el emérito se coma todo el marrón de capitalizar a la corona, en sentido amplio, para que todo siga igual mientras las costuras aguanten. El fondo del asunto es como la de esa especie social de arañas aterciopeladas, que se dejan comer por sus crías cuando las cosas vienen mal dadas, para que se alimenten con su cuerpo y así salvar a la prole. Aunque, en nuestro caso, por los datos públicos que se manejan, no parece que la inmolación real sea del total agrado de su majestad, que se vio obligado por las circunstancias y su propio entorno a abdicar, dimitir o lo que quiera que hiciese en 2014.

Muchos de las informaciones aportadas por la última amante conocida del emérito, apuntan a que la Casa Real se comportaba como una sociedad limitada, dirigida por Juan Carlos, en la que participaba toda la familia real e incluso la familia política. Todos se beneficiaban de tarjetas black, de los regalos o del cash de la habitación del dinero. Los negocios sucios del rey eran los del resto, uno para todos y todos para uno. Una de las máximas obsesiones del campechano era cubrir las necesidades de toda su familia aún en las peores situaciones futuras, quizá por el recuerdo de los malos tiempos vividos en época de Estoril. Por eso los escándalos salpican al actual rey. El dinero negro, escondido en una sociedad offshore en paraísos fiscales, también estaba a nombre de Felipe VI, quien tuvo que renunciar a la herencia de su padre –aunque no a la corona– para que el asunto no le salpicase demasiado. Los medios cortesanos harán todo lo posible para que el tema se olvide cuanto antes, como ya hicieron con los negocios del emérito durante toda su vida pública. ¿Cómo se puede repudiar una herencia de alguien que no ha fallecido? A poco que se manejen datos, la teoría de la oveja negra no se sostiene ni un segundo.

Pero no es nada nuevo. No hay un Borbón que no haya sido un corrupto durante su reinado. Para muestra algunos botones.

	Fernando VII, el rey Felón, compró a Rusia una parte de la flota del Zar llevándose comisiones millonarias. Sin embargo, cuando los barcos llegaron a España se comprobó que solo valían para el desguace. A pesar de ello, el dinero no fue devuelto ni tampoco las comisiones.
	La cuarta mujer de Fernando VII, María Cristina de Borbón, cuando gobernó, cobraba comisiones del tráfico de esclavos en las colonias y por toda la obra pública importante que se hacía en el país.
	Isabel II robaba el 25% de todo lo que privatizaba para conseguir líquido para las arcas públicas y también se llevaba comisiones por cada esclavo llegado a Cuba.
	Alfonso XIII cobraba comisiones por el armamento comprado para el ejército, hacía de relaciones públicas de casinos y se quedaba con parte de los beneficios.
	Juan de Borbón, el padre del emérito, dejó una herencia en Suiza de 1.000 millones de pesetas de dudosa procedencia y sin regularizar. Prácticamente, todos los Borbones fueron expulsados de una u otra manera fuera de España y vivieron en el exilio una parte de su vida.
	Juan Carlos I, según denunció Roberto Centeno, ex-consejero delegado de CAMPSA, estuvo cobrando un sobreprecio de entre 1 y 2 dólares por barril de petróleo importado a España, además de las múltiples comisiones de grandes obras como las famosas del AVE a la Meca ahora en el punto de mira.

Y no es cosa del presente, ni nos acabamos de dar cuenta, son décadas de convivir con las corruptelas del rey, aunque tapadas, consciente y coordinadamente, por la judicatura y la vergonzosa prensa de nuestro país, por cierto, la menos creíble de toda Europa.

Pero no queda ahí la cosa, su nombramiento fue realizado por el dictador Franco, quien obligó a que Juan de Borbón renunciara a sus derechos sucesorios en favor de su hijo. Como vemos, una constante en la dinastía… la regifagia. La legalidad la adquiere Juan Carlos de una ley franquista, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Su legitimidad emana del resultado del referéndum de la Constitución del 78, donde en palabras del presidente Adolfo Suárez, hubo que meterlo con calzador porque el pueblo español no lo quería y, si su figura se sometía a la voluntad popular, era seguro que sería rechazado democráticamente. Esa es la historia real del regalito envenenado, uno de tantos, que Franco dejó a la joven democracia española. Otro de los muchos que nos impiden avanzar hacia un sistema plenamente democrático.

Sus pecados originales son la razón por la que tanto se airean los supuestos servicios a la democracia realizados por Juan Carlos, escenificados en su proceder durante el golpe de estado del 23F. Este episodio nacional necesitaría de mucho más espacio que el de este breve artículo simplemente para presentarlo. Pero baste decir que la versión edulcorada que nos han contado sobre el caso está llena de omisiones. Lo que el rey estaba preparando para esa fecha era un golpe de estado donde él iba a ser coronado presidente del gobierno, además de jefe de estado, aunque se iba a rodear de un manojo de políticos en su gabinete para que, en vez de una dictadura, fuese una dictablanda, más digerible por la ciudadanía. Si al final renunció a ejecutar su plan, sólo fue por la intervención de un grupo de militares díscolos que buscaban un gobierno exclusivamente castrense. Pero la labor conspirativa del emérito contra la democracia ahí queda y quedará en los anales de las cloacas del estado para quien quiera verla.

Sobre las convicciones democráticas del emérito también habría mucho que contar. Juan Carlos no trajo la democracia, se amoldó a una sociedad en cambio y en plena ebullición para no ser arrollado y perder la herencia que le dejó Franco. La transición, diseñada cuidadosamente desde la embajada norteamericana, se diseñó para evitar un cambio real como el demandado en las calles por un pueblo en empoderamiento progresivo y sin marcha atrás posible. Que no nos vendan cuentos de Disney, que eso solo vale para críos y adultos lobotomizados. Hay información oficial desclasificada o filtrada que lo pone negro sobre blanco. Juan Carlos se convirtió en un espía al servicio de la Casa Blanca a cambio de ser rey y de consentir regalarle a Marruecos el Sáhara Occidental. Y por supuesto a cambio de la entrada en la OTAN y de permitir a EEUU mantener las bases militares para acosar a los pueblos con ansias de libertad en Oriente Medio y África.

Pero, al margen de esa transacción, habría mucho más que decir. Uno no elige a la familia, pero sí a sus amigos. Cuando los amigos te consideran familia, eso denota lazos muy estrechos y vínculos indisolubles a todos los niveles. Pues bien, es lo que le ocurre a Juan Carlos con los dictadores feudales más sanguinarios del planeta, con los camelleros rebanacuellos de las monarquías del Golfo, como Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait o Bahrein, muchos de sus cajeros automáticos. Ninguna persona con profundas convicciones democráticas sería amigo íntimo de semejantes personajes, financiadores del terrorismo internacional de al Qaeda y el Estado Islámico, que muestran un absoluto desprecio por la vida y los derechos humanos.

Así que, señores socialistas o populares, no nos cuenten más milongas. La figura de los reyes no puede ser blanqueada por mucho que lo intenten simplemente por lo que son, un inadmisible anacronismo antidemocrático. Pero los borbones, Juan Carlos o Felipe –tanto monta, monta tanto– muchísimo menos, dadas sus trayectorias vitales, sus negocios y sus peligrosas amistades

Fuente: Juanlu González (Bits Rojiverdes)

Borbones ladrones, Estado español ladrón

Una alarma, tan pusilánime como hipócrita recorre el reino de España y nos aburren en los medios de comunicación oficialoides del régimen, como corresponde a la bien estudiada transición del 78 que, para algo su majestad Juan Carlos I juró. Al igual que juró defender los principios fundamentales del movimiento y de la dictadura por la que fue nombrado y de la que fue su digno sucesor, defensor y muy bien pagado por ello.

Ahora resulta que después de las tropelías que el monarca lleva cometiendo desde entonces se le ocurre anunciar su fuga a no se sabe dónde, dicho todo ello en clave de presunto o de investigado porque no ha sido juzgado –ni parece que vaya a serlo- mientras que las autoridades correspondientes no solo miran para otro lado si no que lo justifican y hasta lo aplauden (como si ello fuera un problema menos), aparte de que se va de rositas.

Así las cosas, algunos, muchos, no dicen ni mu, les va el rollo y tira que libras, es decir, son cómplices al ciento por cien, lo son desde el primer al último de los diputados, senadores, poder judicial y, por supuesto, el Gobierno en pleno. Todos ellos y los anteriores, porque las fechorías y los botellones reales vienen de lejos. Seguramente no hay año en el que su majestad no haya estado metido en algún escándalo o en unos cuantos cada año. Pero nada, todo sea por el régimen, por la monarquía que tan bien les va a algunos, este es el problema para muchos y el chollo para otros, para unos pocos, para los de siempre.

Y, por último, que no debieran ser los últimos, muchos, bastantes súbditos encantados con que les den (y que les sigan dando). Seguramente aspiran a llegar a ser monarcas, a ser tan sin vergüenzas como su monarca. Y no estaría nada mal, porque el ejemplo dado por la real casa es de lo más rentable y sale gratis total.

En resumen, unos y otros se acogen y se amparan en legalismos para no meter mano a semejante manoseador porque si el procedimiento, si los protocolos, si la ley, la que ellos mismos dictan y mantienen, porque cualquier ocurrencia es válida para exonerar a este y otros delincuentes (presuntos, obviamente) de cuello blanco o de cuello real (aunque a alguno le salió caro y acabó en la guillotina, eran otros tiempos).

A modo de conclusión: no habría reyes si no hubiera súbditos. Y no habría reyes corruptos (tampoco sin corromper) si no hubiera cómplices corruptos, tanto autoridades como súbditos, con intención o la esperanza de serlo.

La monarquía se transmite por vía sexual, al igual que muchas enfermedades, aunque esta última ha sido por imposición de un dictador y la colaboración de los poderes fácticos, léase poder económico, mediático e iglesia, junto con la oligarquía y un enjambre de caciques. Todos ellos sus valedores.

El emérito ha delinquido y delinque –presuntamente, claro, y a pesar de las evidencias- y de ello es responsable, por supuesto, pero no menos responsables, sino más, lo son las autoridades e instituciones que se lo permiten y se lo han facilitado.

El rey se ha largado (no muerto, pero forrado) ¡viva el rey! Pero cuidado, todavía nos queda otro.

Fuente: Miguel Ángel Llana. Asturbulla