Manuel Fraga Iribarne era el ministro responsable de la fuerzas del orden durante los sucesos de Vitoria de 1976. Fraga se encontraba en Alemania participando en una campaña diplomática (para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía), cuando tuvo lugar la masacre y le sustituía en sus funciones el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez González. Fraga junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión.
Lo ocurrido aquel 3 de marzo de 1976 en Vitoria pasará a la historia como uno de los mayores actos represivos acaecidos durante la Transición Española. Dentro del marco de reivindicaciones laborales y políticas que sacudían la España del momento, en Vitoria, miles de trabajadores iniciaban en enero de 1976 una huelga en contra del decreto de topes salariales y por mejores condiciones de trabajo.
El 3 de marzo, con un masivo seguimiento, tenía lugar en la ciudad la tercera huelga general consecutiva. La respuesta policial fue intervenir la asamblea de trabajadores que se celebraba en la Iglesia San Francisco de Vitoria. Tras llamar al desalojo y sin dar tiempo al mismo, se lanzaron contra los trabajadores gases lacrimógenos dentro de la iglesia. Esta acción produjo la estampida de los manifestantes que fue respondida con cargas policiales, disparos de pistola y ráfagas de metralleta.
La policía “premeditadamente” dejó que se llenara la iglesia con alrededor de cinco mil personas, permaneciendo en el exterior un número similar, y fue en ese momento cuando mandó desalojar la misma. La multitud allí congregada ante el temor de ser aporreada y agredida en su salida, se negó al abandono del recinto religioso. Hay que recalcar que los templos estaban protegidos por el Concordato, por lo cual no podían actuar ni acceder a su interior las Fuerzas Armadas, salvo urgente necesidad.
Para proceder al desalojo, la policía atacó y asaltó la iglesia con gases lacrimógenos y material antidisturbios, por lo que presos del pánico y la asfixia, los allí congregados comenzaron a salir huyendo, momento en el que los policías procedieron a golpear y disparar indiscriminadamente tanto sobre los que intentaban escapar, como sobre los que desde el exterior atraían su atención para dejar vía libre a los que abandonaban aquel infierno.
Aquel día 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la represión policial ocasionó la muerte de 5 manifestantes y más de 150 sufrieron heridas de bala. Los autores y responsables de aquella matanza nunca fueron condenados ni las víctimas suficientemente reconocidas. La matanza no fue el principio del fin de la represión sino momento álgido de una realidad en la que trabajadores siguieron muriendo en las calles, que el entonces Ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, consideraba suyas.
En un primer momento, a resultas de los partes hospitalarios enviados al juzgado por ser las personas atendidas, tanto fallecidos como heridos, a consecuencia de disparos y agresiones, se abrieron diligencias previas. Los sumarios abiertos, después de varios recorridos por diversos juzgados y tribunales, acabaron finalmente en la jurisdicción militar, la cual, aun reconociendo que los hechos considerados, eran en principio constitutivos de delitos por homicidio, dictó auto de sobreseimiento por no haber motivos suficientes para acusar de ellos a personas determinadas. Posteriores reclamaciones al Estado por responsabilidad civil, efectuadas por algunos afectados, tampoco fueron atendidas.
Manuel Fraga Iribarne era el ministro responsable de la fuerzas del orden durante los sucesos de Vitoria de 1976. Fraga se encontraba en Alemania participando en una campaña diplomática (para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía), cuando tuvo lugar la masacre y le sustituía en sus funciones el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez González. Fraga junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión.
Rodolfo Martín Villa fue uno de los principales actores del franquismo durante los años 60 y 70. Fue jefe nacional del SEU, secretario del Sindicato Vertical, Gobernador Civil de Barcelona y finalmente ministro de Relaciones Sindicales y de Interior con los gobiernos de Arias Navarro y Suárez. Martín Villa está relacionado con distintos actos de represión (Vitoria, Madrid, Málaga, Barcelona o Pamplona, entre otras ciudades) y ha sido imputado en aplicación del principio de Justicia Universal ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Corrección Federal número 1 de la República Argentina como autor de crímenes contra la humanidad.
Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocan huelgas en toda España. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial. Los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.
Habría que preguntar al Gobierno de UCD y a su entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa: ¿quiénes, cómo y por qué atentaron contra el Scala y asesinaron a cuatro trabajadores? Y habría que preguntar también a toda la izquierda parlamentaria de la época por qué permitió, con su beneplácito, que el Caso Scala fuera atribuido a la CNT y al Movimiento Libertario, cuando tenían plena certeza de que se trataba de un acto indiscutible de terrorismo de Estado.
El 30 de enero de 1977, ocho días después de la «Matanza de Atocha» en un despacho de abogados laboralistas en Madrid, la «Conferencia para la Reconstrucción de la Federación Anarquista Ibérica (FAI)», que se celebra en Barcelona, era «descubierta» por la policía y sus 54 asistentes, detenidos. Según los abogados, no había signos sólidos de inculpación; el «derecho de reunión» ya estaba siendo practicado por todo el mundo que salía de la clandestinidad. Únicamente se trataba de desmontar la acusación de «reconstrucción de una organización clandestina».
En realidad, estas detenciones fueron la primera fase de una operación que de simple carácter policial iba a convertirse, cinco días después, en un «brillante servicio de política antiterrorista», al ser descubierto en Murcia un «Grupo de FAI» con un «arsenal de armas y explosivos». Una operación de relojería montada por el «supercomisario» Roberto Conesa, jefe de los Servicios Especiales de Información de la «Brigada Operativa» Político-Social. El método: se infiltraba un confidente, Joaquín Gambín Hernández, en un «Grupo de la FAI» de Murcia, al que se le ofrecía dos maletas, una de armas y otra de explosivos (ambas facilitadas a Gambín por la Policía). «Situado y controlado» el material, la Brigada no actuaba en Murcia sino en Barcelona… Primero se produce el impacto político: los asistentes a la citada conferencia de la FAI detenidos, entre ellos representantes de Portugal, Italia y Francia. La noticia estaba servida: «Organización anarquista, clandestina, con ramificaciones internacionales».
Cinco días después se produce la detención de Murcia, con el «descubrimiento» del «arsenal» y, automáticamente, se añade al sumario de Barcelona (con la aceptación sumisa de los jueces), con lo que el primer impacto político se convierte en una brillante «operación antiterrorista». Operación montada por los Servicios Especiales de la Brigada Político-Social con sendas celadas al Movimiento Libertario, siendo la CNT la principal destinataria de los efectos finales de la represión.
La «operación de relojería» que acabo de describir era, tanto por su perfil como por sus perspectivas y resultados, una operación artesanal, comparada con la que justo un año después iban a realizar los mismos protagonistas: el confidente Joaquín Gambín Hernández, el «supercomisario» Roberto Conesa y sus equipos de la Brigada Operativa y del Grupo Antianarquista, el 15 de enero de 1978, el «Caso Scala».
En el primer montaje, el de enero de 1977, el escenario estaba compuesto por la Policía, el confidente Gambín, el «arsenal» y el pretexto: una reunión plenaria de la FAI. El resultado, prácticamente nulo. Pero la intención del Estado y de la Brigada de Información de Madrid no era esta chapuza judicial, sino la introducción de Joaquín Gambín Hernández en los Grupos Libertarios de Barcelona.
Joaquín Gambín Hernández, un delincuente habitual de 47 años edad, con 28 condenas en su haber, que se remontan a 1947, y hasta entonces conocido en el mundo de la delincuencia como «el Grillo», pasa de la noche a la mañana de ser un delincuente común a militante político; es amnistiado ese mismo año y rebautizado por la policía y por algunos sectores cenetistas con el sobrenombre de «el Viejo Anarquista». La finalidad del Estado sigue siendo «cortarle las alas» a la CNT y destruir el Movimiento Libertario, que en el último trimestre de 1976 había protagonizado tres hechos importantes:
La movilización contra el intento de creación de una «Central Sindical Única», cuyo primer paso era formar la «Coordinadora de Organizaciones Sindicales» (COS), que fracasó por el firme rechazo de la CNT.
La solidaridad de la CNT, apoyada por las corrientes libertarias, con la huelga de los trabajadores de Roca, por lo que ésta pudo mantenerse más de tres meses, a pesar de la oposición a la huelga de CC.OO. y UGT.
La huelga general convocada por la CNT, para todas las empresas del Bajo Llobregat, en apoyo a los trabajadores de Roca.
El segundo montaje, el del Caso Scala, un año después, el 15 de enero de 1978, presenta un escenario distinto: el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa; la misma Brigada de Policía; el mismo confidente Gambín; la connivencia de los hermanos Riba (propietarios del Scala); la destrucción de un edificio de siete plantas; la muerte de cuatro trabajadores; el «embarque» por el confidente de jóvenes libertarios y militantes de la CNT y la FAI; la implicación abierta, política y pública de la CNT por los medios de comunicación y declaraciones institucionales, y el beneplácito de toda la «izquierda» parlamentaria. La finalidad de este montaje ya no es el de «cortar las alas» a la CNT, sino el amenazante dilema: integrarla o aplastarla. En efecto, en el curso de todo el año 1977, la pujanza de la CNT se ha desvelado claramente:
Los primeros mítines multitudinarios convocados por la CNT en Madrid (San Sebastián de los Reyes), la Plaza de Toros de Valencia, la montaña de Montjuïc en Barcelona, con una concurrencia, en su conjunto, de unas 400.000 personas (más del doble de lo conseguido entre CC. OO. y UGT juntas en toda la historia del sindicalismo español).
Las Jornadas Libertarias Internacionales en el Parque Güell de Barcelona, convocadas por la CNT, durante una semana, con medio millón de asistentes, situadas por algunos especialistas en el segundo lugar del ranking mundial de actos populares de programación espontánea.
La primera huelga de gasolineras, que alcanza un gran nivel «paralizante» de la circulación viaria.
La distribución de carnets de afiliación a la CNT alcanza ese año, sólo en Cataluña, la cifra de 140.000.
En octubre de 1977, la CNT arrastra a CC. OO. y a UGT, en Barcelona, a una manifestación concurrida por 400.000 trabajadores contra los Pactos de la Moncloa, de inminente firma en aquellos momentos.
La influencia y la capacidad de la CNT, tal como estos hechos demuestran, con el apoyo de las corrientes libertarias, producía la conexión de diversos espacios populares, sociales, laborales y culturales, causando gran pánico a los políticos de derechas y de izquierdas, «arquitectos de la Reforma Pactada». Éstas son las razones por las que se monta el atentado del Scala. El guion de los hechos, que los tribunales obviaron escandalosamente, prueba la responsabilidad política y práctica de los estamentos oficiales:
La provisión de fondos, para «primeros gastos», que Gambín recibe el 2 de enero de 1978 de la Brigada de Información desde Madrid.
La llegada de Gambín a Barcelona el 11 de enero de 1978, cumpliendo la orden perentoria que le imparte el comisario Manuel Gómez Sandoval, jefe de la Brigada Operativa de Madrid.
El contacto de Gambín con su agente de conexión, José María Escudero, 24 horas antes del incendio.
El desplazamiento desde Madrid del citado Escudero, el mismo día de los hechos, lo que indica que la operación es supervisada desde Madrid por el «supercomisario» Roberto Conesa.
Las declaraciones institucionales, acusatorias contra la CNT, realizadas por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, antes de que hubieran empezado las diligencias judiciales.
La circular reservada del ministro del Interior, dirigida personalmente a todos los directores de los medios de comunicación, al objeto de orquestar una campaña contra la CNT.
La desaparición —es decir, «la destrucción de pruebas»— de un informe pericial que constataba la existencia de fósforo (material de uso exclusivo del Ejército) en las ruinas del Scala.
La negativa a investigar la existencia de varios focos simultáneos, en distintos y distantes puntos del edificio, como causas iniciales del incendio, para impedir que se pudiera probar que el edificio estaba previamente preparado para arder.
El encubrimiento estatal y periodístico de que los hermanos Riba habían comprado la sala de Fiestas Scala y la Discoteca 2001 –adjunta a la sala de fiestas- unos meses antes del incendio.
La declaración documentada del gobernador civil de Barcelona, José María Belloch Puig, afirmando que se trataba de un «atentado político», con fecha 18 de enero de 1978, es decir, tres días después de los hechos, al objeto de facilitar a los hermanos Riba el cobro del seguro.
Detenido por otros delitos en 1979, Joaquín Gambín Hernández, el confidente, es puesto en libertad a pesar de hallarse en busca y captura por el Caso Scala.
Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un sólo magistrado, de un sólo Ministerio. El Caso Scala representa el punto de partida de una línea represiva político-policial «pluridimensional», que progresivamente, pero directamente, nos conduce al GAL.
Habría que preguntar al Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) y, más concretamente a su entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, al jefe de los Servicios de Información de la época o al entonces jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado: ¿quiénes, cómo y por qué atentaron contra el Scala y asesinaron a cuatro trabajadores? Y habría que preguntar también a toda la izquierda parlamentaria de la época por qué permitió, con su beneplácito, que el Caso Scala fuera atribuido a la CNT y al Movimiento Libertario, cuando tenían plena certeza de que se trataba de un acto indiscutible de terrorismo de Estado.
Extracto del libro «El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más» del autor Xavier Cañadas Gascón
La Constitución se está transformando en una potencial amenaza militar, con la que las fuerzas monárquicas y sus acólitos pretenden mantenernos encadenados. No en vano han firmado, tras las famosas cartas y el chat, un nuevo manifiesto. Un total de 271 mandos retirados de las Fuerzas Armadas, han respaldado el nuevo manifiesto -impulsado por el general retirado Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF)- acusando al Gobierno de suponer un “grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional”.
He expuesto, en alguna ocasión, que la actitud amenazante del rey el 3 de octubre de 2017, en su discurso contra los cargos elegidos por el pueblo de Catalunya, fue interpretada por el común de la ciudadanía como un apoyo al famoso “a por ellos”. Eso ocurría dos días después de los espeluznantes acontecimientos de Barcelona.
Tal declaración del rey, de impronta absolutista, ha entrado finalmente en explosiva contradicción con la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno. Una mayoría que ha posibilitado la formación de un gobierno de coalición progresista, lo que sin duda constituye un hito histórico cuyo alcance está aún por ver.
La respuesta monárquica, pues monárquicos son los militares de las famosas cartas, no se ha hecho esperar. Han atacado por tierra, mar y aire al Gobierno, al que tachan de social-comunista. Seguramente con la perversa intención de provocar a unas fuerzas armadas educadas en la doctrina del “enemigo interior”, confundiendo a su vez a la opinión pública europea.
La línea divisoria entre monárquicos y republicanos, es decir entre fascistas y demócratas, se hace cada vez más nítida. Poco margen de maniobra queda ya para los adeptos a nadar y guardar la ropa. Es la hora de la verdad. El postureo resultará cada vez menos rentable electoralmente.
Una elemental prospección política pone en evidencia que una parte creciente del electorado se está decantando mayoritariamente por la proclamación de la República, o de varias Repúblicas; algo totalmente legítimo. Y es evidente que sus representantes se verán impelidos a implementar tal mandato. Es algo que sucederá mucho antes de lo que la señora ministra de defensa piensa, pese a los poderosos medios al servicio del establishment, que no fueron capaces de prever ni de impedir la implosión del bipartidismo.
Es necesario, pues, un debate plurinacional que posibilite una salida democrática y progresista a la grave crisis de la monarquía, en el marco político de la Unión Europea. Sin embargo, nos encontramos con una Constitución monárquica impuesta manu militari en la Transición, que, según la ultraderecha, garantiza la unidad, el orden y la paz. Una Constitución que se está transformando en una potencial amenaza militar, con la que las fuerzas monárquicas y sus acólitos pretenden mantenernos encadenados. No en vano han firmado, tras las famosas cartas y el chat, un nuevo manifiesto. Un total de 271 mandos retirados de las Fuerzas Armadas, han respaldado el nuevo manifiesto -impulsado por el general retirado Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF)- acusando al Gobierno de suponer un “grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional”.
La agitación incitada por la ultraderecha, furibundamente monárquica, ha envalentonado la mente fascista de algunos exaltados coroneles y generales retirados -hasta hace bien poco altos mandos de militares en activo- que fantasean peligrosamente con sus pulsiones genocidas: «No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta».
La situación exige una respuesta firme por parte de los parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, pues están confluyendo dos tormentas: por un lado, el tradicional problema militar, nunca resuelto y siempre ocultado; por el otro, el irrefrenable ascenso de una ultraderecha belicosa.
El capitalismo, desbocado, espera obtener una tormenta perfecta de la confluencia de ambos fenómenos; quizá con la aviesa intención de hacernos regresar a una España cuartelera, es decir a un inmenso campo de concentración en el que la disciplina militar impere por encima de los derechos humanos. No solo impuesta a golpe de porra a trabajadoras y trabajadores insumisos, sino también a todas aquellas personas que no hayan abandonado la funesta manía de pensar.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada (Rebelión)
No habría reyes si no hubiera súbditos. Y no habría reyes corruptos (tampoco sin corromper) si no hubiera cómplices corruptos, tanto autoridades como súbditos, con intención o la esperanza de serlo.
Una alarma, tan pusilánime como hipócrita recorre el reino de España y nos aburren en los medios de comunicación oficialoides del régimen, como corresponde a la bien estudiada transición del 78 que, para algo su majestad Juan Carlos I juró. Al igual que juró defender los principios fundamentales del movimiento y de la dictadura por la que fue nombrado y de la que fue su digno sucesor, defensor y muy bien pagado por ello.
Ahora resulta que después de las tropelías que el monarca lleva cometiendo desde entonces se le ocurre anunciar su fuga a no se sabe dónde, dicho todo ello en clave de presunto o de investigado porque no ha sido juzgado –ni parece que vaya a serlo- mientras que las autoridades correspondientes no solo miran para otro lado si no que lo justifican y hasta lo aplauden (como si ello fuera un problema menos), aparte de que se va de rositas.
Así las cosas, algunos, muchos, no dicen ni mu, les va el rollo y tira que libras, es decir, son cómplices al ciento por cien, lo son desde el primer al último de los diputados, senadores, poder judicial y, por supuesto, el Gobierno en pleno. Todos ellos y los anteriores, porque las fechorías y los botellones reales vienen de lejos. Seguramente no hay año en el que su majestad no haya estado metido en algún escándalo o en unos cuantos cada año. Pero nada, todo sea por el régimen, por la monarquía que tan bien les va a algunos, este es el problema para muchos y el chollo para otros, para unos pocos, para los de siempre.
Y, por último, que no debieran ser los últimos, muchos, bastantes súbditos encantados con que les den (y que les sigan dando). Seguramente aspiran a llegar a ser monarcas, a ser tan sin vergüenzas como su monarca. Y no estaría nada mal, porque el ejemplo dado por la real casa es de lo más rentable y sale gratis total.
En resumen, unos y otros se acogen y se amparan en legalismos para no meter mano a semejante manoseador porque si el procedimiento, si los protocolos, si la ley, la que ellos mismos dictan y mantienen, porque cualquier ocurrencia es válida para exonerar a este y otros delincuentes (presuntos, obviamente) de cuello blanco o de cuello real (aunque a alguno le salió caro y acabó en la guillotina, eran otros tiempos).
A modo de conclusión: no habría reyes si no hubiera súbditos. Y no habría reyes corruptos (tampoco sin corromper) si no hubiera cómplices corruptos, tanto autoridades como súbditos, con intención o la esperanza de serlo.
La monarquía se transmite por vía sexual, al igual que muchas enfermedades, aunque esta última ha sido por imposición de un dictador y la colaboración de los poderes fácticos, léase poder económico, mediático e iglesia, junto con la oligarquía y un enjambre de caciques. Todos ellos sus valedores.
El emérito ha delinquido y delinque –presuntamente, claro, y a pesar de las evidencias- y de ello es responsable, por supuesto, pero no menos responsables, sino más, lo son las autoridades e instituciones que se lo permiten y se lo han facilitado.
El rey se ha largado (no muerto, pero forrado) ¡viva el rey! Pero cuidado, todavía nos queda otro.
Quien se nos ha vendido como ejemplo de demócrata y gran hombre de Estado (Juan Carlos I, evidentemente), no era sino un descarnado ejemplo de desvergüenza, hipocresía y corrupción desaforada.
Los pilares del estado español tienen vicios de origen y estos no son accidentales. El problema radica en su propio ADN, cuyas malformaciones genéticas se han transmitido hasta el día de hoy de monarquía a monarquía, gobierno a gobierno y cúpula militar a cúpula militar: corrupción, parasitismo, paranoias imperiales, militarismo, exclusión,… No es casualidad así que, quien se nos ha vendido como ejemplo de demócrata y gran hombre de Estado (Juan Carlos I, evidentemente), no era sino un descarnado ejemplo de desvergüenza, hipocresía y corrupción desaforada.
Hay más ejemplos de lo anterior. Rodríguez Galindo, que hizo del cuartel de Intxaurrondo un antro de torturas al por mayor y fue condenado por el secuestro, asesinato y desaparición de Lasa y Zabala, es la persona más condecorada de la democracia. Grande Marlasca, exjuez de ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, actual ministro del Interior, es guinness europeo en condenas por no investigar denuncias de torturas. Martín Villa, imputado en la querella argentina por los crímenes del franquismo, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y cuenta, entre otras, con la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las Flechas, compartida a su vez con Adolf Hitler, Mussolini, Himmler…
Punto y seguido. El excomisario Villarejo, también condecorado y hoy encarcelado, ha sido experto en chantajes, espionajes y extorsiones varias, hechas tanto por encargo bancario como de motu propio. Felipe González, el demócrata modernizador de la España franquista, experto en chaquetazos (OTAN…), cloacas, privatizaciones y poltroneos IBEX-35, a quien la propia CIA ha señalado como capo di capi de los GAL. La guinda exótica la pone Fernández Díaz, anterior ministro del Interior, que unió de nuevo cruz (Opus Dei) y espada (80.000 guardias civiles bajo su mando), afirmando tener apariciones celestiales y un ángel de la guarda que le aparca el coche. Y lo dejamos aquí, porque si empezamos con cúpulas militares, judiciales, bancarias, cementeras y episcopales, no terminaríamos nunca.
Jesús Ibánez, catedrático de sociología, definió en su día la Transición española de esta manera: “Las moscas han cambiado, pero la mierda sigue siendo la misma”. En realidad, a lo que se ve, tampoco fueron tantas las moscas que cambiaron.
OIRaDILOS 